La ONG Global Witness afirma que los consumidores no pueden estar seguros de que las piedras no financien conflictos
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JOSÉ MIGUEL CALATAYUD Nairobi 23 DIC 2011 - 15:56 CET
Zimbabue vuelve a tener permitido vender diamantes después de que viera prohibido su comercio en 2009 por considerar que servían para financiar conflictos y por tanto eran diamantes de sangre. Sólo este mes ya podrían salir del país entre dos y tres millones de quilates de estas piedras preciosas gracias al permiso del llamado Proceso de Kimberley (PK) .
Este organismo, que hoy engloba a más de 75 países, al Consejo Mundial del Diamante y a varias ONGs, se creó en 2003 para certificar que los diamantes de sangre no lleguen a los mercados internacionales. Sin embargo, su decisión no ha gustado a todo el mundo y hay quien considera que los diamantes zimbabuenses siguen siendo sangrientos.
El PK "no ha mostrado la voluntad necesaria para que los diamantes dejen de causar corrupción y violencia en Zimbabue, se ha convertido en cómplice del lavado de diamantes, por el que diamantes suciosacaban mezclados con piedras limpias", dijo en un comunicado Charmian Gooch, directora y una de las fundadoras de Global Witness.
El 5 de diciembre, Global Witness anunció que dejaba de formar parte del Proceso de Kimberley, motivada sobre todo por su decisión de permitir el comercio internacional de los diamantes zimbabuenses. Esto supuso un golpe muy importante para el PK. Global Witness ha documentado casos en los que recursos naturales financian conflictos o provocan violaciones de los derechos humanos. La organización fue precisamente una de las impulsoras del PK en 2003.
“Casi nueve años después de que se lanzara el PK, la triste realidad es que la mayoría de los consumidores aún no pueden estar seguros de la procedencia de los diamantes ni de si están financiando violencia armada o regímenes abusivos”, insistió Gooch.
Pero ahí no acabaron las críticas a Zimbabue y al Proceso de Kimberley. Una semana después, Estados Unidos incluyó a Mbada Diamonds y Marange Resources, dos de las cuatro compañías que operan en la zona de Marange en Zimbabue, en una lista de firmas y personas con las que ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido tratar. El motivo: la cercanía de estas compañías al régimen de Robert Mugabe, que lleva en el poder desde 1980 y está acusado de no respetar las libertades de sus ciudadanos. Y también debido al hecho de que oficiales del ejército se encuentran entre los directivos de estas empresas.
Fue precisamente una intervención del ejército zimbabuense la que llevó al PK a prohibir el comercio de los diamantes procedentes de Marange. Ocurrió en 2008, cuando las tropas entraron y expulsaron por la fuerza a mineros locales que habían tomado la zona. La incursión provocó la muerte de unas 200 personas mientras otras fueron violadas o sufrieron palizas, según grupos defensores de los derechos humanos. Meses después, el PK impondría la prohibición sobre los diamantes de Marange.
El problema es que según la restringida definición del PK, son diamantes de sangre aquellos que ayudan a financiar un conflicto entre grupos rebeldes y el Gobierno legítimo de un país. Pero si es el propio Gobierno el que controla estas gemas y no existe enfrentamiento con otros grupos armados, entonces los diamantes están ‘limpios’ aunque las autoridades sean corruptas o los usen para financiar violencia de Estado, abusar de la población o violar sus derechos humanos.
Global Witness teme que los ingresos por la venta de los diamantes ayude al Gobierno zimbabuense a financiar una campaña de violencia y represión de cara a las elecciones previstas para 2012, como le acusa de haber hecho durante los últimos años.
Aunque también reconoce sus limitaciones para asegurar que los diamantes no financian violencia y abusos contra la población civil, elConsejo Mundial del Diamante (WDC, en inglés) ha expresado públicamente su rechazo a la retirada de Global Witness del Proceso de Kimberley: “El sistema no es perfecto y necesita de una revisión constante, pero no puedes contribuir al proceso si dejas de estar involucrado”, dijo Eli Izhakoff, presidente del WDC.
Zimbabue ya hace cuentas con los ingresos por diamantes
Por su parte, el Gobierno de Mugabe asegura que todo se trata de una campaña de Estados Unidos para perjudicar los intereses de Zimbabue. “Es inoportuno, es trágico y lamentable que los Estados Unidos se comporten de esa forma”, declaró Rugare Gumbo, secretario de información del partido gubernamental. “Aunque conociendo el modo de hacer las cosas de los Estados Unidos, esto no nos supone ninguna sorpresa”, añadió Gumbo mientras otros miembros de su Gobierno realizaban declaraciones similares.
Las autoridades han celebrado públicamente la decisión del PK, que consideran “una victoria decisiva de Zimbabue en la lucha contra la hegemonía económica de occidente”, según el Herald zimbabuense, un periódico que pertenece al Gobierno.
Este país, que podría llegar tener un 25% de las reservas mundiales de diamantes, estima en 3.000 millones de dólares anuales los ingresos que las tres minas de Marange podrían generar. De entrada, el ministro de finanzas, Tendai Biti, dijo que la venta de los diamantes ya almacenados permitía añadir 600 millones de dólares al presupuesto existente para 2012. Biti añadió que este dinero permitiría al Gobierno invertir en salud, educación, agua y saneamientos y en el sector agrícola del país.
Las cuatro compañías que operan en Marenge, todas participadas al 50 por cien por el Gobierno de Zimbabue, están ya manos a la obra para empezar a vender diamantes cuanto antes. La mayor de ellas, Anjin Investment, de co-propiedad china, se dispuso a vender este mes los entre 2 y 3 millones de quilates de diamantes que había acumulado durante la prohibición.
Parece que, por el momento y con sangre o sin ella, los diamantes zimbabuenses seguirán llegando a los mercados europeos y de otras partes del mundo.
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